Este trabajo versa sobre las consecuencias en la Administración Española en general, y en especial en la municipal, producidas por la reforma Constitucional acometida en 2011, que modificó de manera sustancial el artículo 135 de la Carta Magna. El tema elegido, tiene por tanto plena actualidad. En paralelo podemos comprobar como el sistema financiero mundial ha entrado en los últimos años en una profunda crisis que ha dañado gravemente las economías del llamado primer mundo, ha destruido millones de puestos de trabajo y agravado los niveles de pobreza en muchos países, lo que se ha traducido en revueltas sociales como la conocida primavera árabe o en otros movimientos sociales como el popular 15-M en España, y en el auge conseguido por «Podemos» en las últimas elecciones europeas, y municipales y autonómicas. Por otro lado, a lo largo de estas páginas, se profundiza sobre la intensa vinculación existente entre la situación política y la económica, y cómo esta relación se ha plasmado en nuestra reforma Constitucional y en la Ley de estabilidad presupuestaria como herramientas fundamentales contra un déficit público, que llegó a alcanzar dimensiones inasumibles a finales de 2011. En esta misma línea, se analiza una de las técnicas empleadas a los efectos de reducir el gasto público, consistente en evitar la duplicidad de competencias entre las Administraciones Públicas, y los necesarios cambios legislativos introducidos por el Gobierno central, en busca de unas mejores Administraciones, más eficaces, más eficientes, más transparentes y con mayores niveles de rendimientos y responsabilidad y, sobre todo, más baratas. Y todo ello, sin que las modificaciones que se introducen, más numerosas que las deseables en términos de recortes, supongan un desmantelamiento de los servicios públicos, limitación de la autonomía local o reducción del pluralismo político. Las reformas legales y administrativas puestas en marcha en los…
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