Durante siglos y hasta una fecha relativamente reciente, en concreto hasta la entrada en vigor de la ley orgánica 8/1983 de 25 de junio, por la que se introdujeron algunas reformas en el Código Penal, la práctica de ciertos juegos estuvo castigada en España. Ese hecho justifica la enjundia de la investigación acometida, a fin de desentrañar el porqué algo tan ligado al ser humano mereció un reproche jurídico que, en algunos casos, llegó a reprimirse con la pena capital. Por esa razón, se ha estimado necesario principiar el estudio en el periodo de dominación romana en la Península Ibérica para, desde ahí, conocer cuál ha sido la evolución de las normas particulares sobre esta materia hasta el momento de su despenalización, intentando poner de manifiesto las principales aportaciones de cada etapa histórica en la siguiente y las novedades introducidas para adecuar esa regulación a las exigencias sociales. Conviene subrayar que las discrepancias entre defensores y detractores de mantener o no la penalización del juego ha sido una constante en nuestro país. Los primeros estimaban que sólo con el implacable peso de la ley penal se conseguiría acabar con ese vicio, que provocaba la ruina de un sinfín de familias. Los segundos, por el contrario, apelaban a la ineficacia que siempre habían mostrado las leyes represoras y, por eso, defendían que la mejor solución pasaba por la reglamentación del juego y que dejase de ser una materia propia del Derecho penal para ser objeto de regulación exclusiva por las normas administrativas. Entre esas dos posiciones, nuestro legislador se ha inclinado tradicionalmente por aquélla, pese a que, en diversas ocasiones, se presentaron infructuosamente en las Cortes diversos proyectos legislativos en los que se proponía su legalización, ante la esterilidad de las normas criminales. La paternidad de este libro corresponde a Miguel Pino Abad, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la…
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