La afectación del derecho humano a la vivienda, en casos de vulnerabilidad extrema, compromete la responsabilidad internacional del Estado. Las funciones de gobierno deben cooperar entre sí equilibradamente. La generación de fondos, así como la composición y prioridades del Gasto Público Social atañen a las áreas políticas. La falsa colisión con el derecho de propiedad –pública o privada- merece, además, una respuesta ética. Bien que la moderación es el modelo jurisdiccional más idóneo y menos invasivo de las competencias administrativa y legislativa, no es el más eficiente. La tesis superadora de esta supuesta aporía entre derechos fundamentales es una reforma legislativa que autorice la corrección judicial de errores de política presupuestaria (ajustada al caso concreto). Frente a la carencia de vivienda alternativa, que prive a personas o grupos de personas de condiciones mínimas de supervivencia digna, no es eximente la falta de recursos suficientes. Es preciso diseñar herramientas legales útiles, sin generar externalidades en la economía nacional. Entre tanto, si la discrecionalidad de los poderes públicos transgrede manifiesta e ilegítimamente normas principios y valores inherentes a la dignidad humana, queda, como última ratio, el control judicial de constitucionalidad o convencionalidad, siempre que sus actos u omisiones provoquen riesgo habitacional inminente.
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